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Educación


Buscan controlar más los fondos universitarios, pero hay resistencia

Fecha Publicación: 21/01/2019  15:02 

El gobierno de Macri quiere enviar una tropa de auditores propios pero desde las casas de altos estudios lo consideran una violación a la autonomía universitaria
 
Macri y Finocchiaro en un acto en la Universidad de La Matanza
 
En lo que resulta un avasallamiento a la autonomía universitaria, el Gobierno quiere ingresar a las cuentas de las universidades públicas con una tropa de auditores propios, una medida resistida con dureza por las casas de estudio que alegan que se trataría de una intromisión sin precedentes en la educación superior.
 
La Jefatura de Gabinete bajó el pedido a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) -el organismo que hace el control interno de la administración pública- para que designe auditores que trabajen dentro de las universidades, entes con autarquía financiera desde la reforma de la Constitución de 1994.
 
De acuerdo al presupuesto 2019 , la distribución de créditos en las 57 universidades públicas del país asciende a unos $123.000 millones.
 
La decisión del Gobierno se apoya en un decreto de la gestión de Mauricio Macri, el 72/2018, que le otorgó poder a la Sigen para designar y remover a los auditores internos de todas las dependencias públicas, quitándole esa facultad al resto de los funcionarios para evitar influencias indebidas.
 
Desde que se publicó esa normativa, a principios de 2018, el síndico general, Alberto Gowland, removió a varios auditores, rotó a otros y nombró a nuevos síndicos.
 
Pero se topó con la resistencia de los rectores de las universidades, que consideraron que no deben ser alcanzados por el decreto.
 
Abogados de distintas universidades se reunieron para resistir contra la medida. Durante el año pasado, la UBA, la Universidad de Luján y otras ocho casas de estudio emitieron resoluciones internas rechazando la designación de auditores nombrados por el Poder Ejecutivo.
 
La Universidad de La Rioja hizo una avanzada judicial y presentó un amparo. "Las universidades tienen un presupuesto gigante y no están siendo auditadas como el resto del Estado. No queremos afectar su desarrollo. Tienen autonomía presupuestaria y de administración, pero eso no implica que no sean controladas, porque manejan fondos públicos ", señalaron en Casa Rosada.




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